En una sociedad donde actualmente predomina el proceso de globalización entendido como la desaparición virtual de las fronteras culturales entre países a través del intercambio masivo de datos en virtud del enorme desarrollo tecnológico que los medios de comunicación han tenido, las organizaciones se ven obligadas a irse transformando constantemente de acuerdo a las exigencias que su entorno operativo imponen, al grado de que si éstas resultan incapaces de mantenerse a la par de los retos que dicho entorno les pone, tienden a desaparecer.
Esto no quiere decir que el Sistema de Justicia mexicano está condenado a muerte, pero sí implica que debe verse sometido a una profunda reestructuración con la finalidad de adecuarse a las actuales exigencias y expectativas que la sociedad tiene de él, so pena, incluso, de que si no logra en el mediano plazo concretar las modificaciones necesarias, se caiga en la ingobernabilidad y el caos social.
Es en este sentido que las instituciones dedicadas a las cuestiones de seguridad pública en México, deben someterse a una severa autoevaluación, así como poner en claro la situación de la gente a quien deben atender, vigilar y proteger.
Pero esto no será posible si no se cuenta con un sistema eficaz que produzca la información obligada, para llevar a cabo las transformaciones inevitables, pues la información se ha concretado en la base de todo sistema social, como la punta de lanza a través de la cual se puede llegar con mayor facilidad a una toma de decisiones que resulte económica y racional.
Sin embargo, hasta la fecha, el Sistema de Procuración y Administración de Justicia mexicano, adolece, entre otras cosas, de la falta de los medios de recolección y proceso de datos integrados, útiles y sencillos de utilizar, que permitan a las organizaciones tomar decisiones con la rapidez y eficacia necesarias con el fin de combatir efectivamente a la delincuencia.
Es, en ese sentido, que gran parte de los problemas que posee la procuración y la administración tienen lugar.
Pueden existir las leyes más avanzadas para combatir la delincuencia, tenerse la tecnología de punta y el personal más capacitado, pero si no se cuenta con un sistema de información que dicte los procedimientos y las acciones a seguir partiendo de una toma racional de decisiones, basada en información, difícilmente los demás elementos podrán interactuar y conjuntar los esfuerzos necesarios para conseguir una estructura efectiva y eficiente que conduzca a la mejora de la calidad en el combate a la delincuencia y los servicios de procuración y administración de justicia.
Se puede decir entonces que el Sistema de Procuración y Administración de Justicia en México sufre de un problema de fondo; que si dicho problema no logra resolverse en el corto plazo, simplemente resultará que, como hasta ahora, las políticas, programas y leyes generados para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, fracasen en un mar de corrupción, impunidad, malos manejos y ausencia de metas y objetivos reales que lleven a las instituciones de justicia a adaptarse a su entorno en primer lugar, y después, a actuar con la mayor racionalidad y eficacia posibles, dentro del pleno respeto a los derechos humanos, en el combate a la delincuencia y sus resultantes consecuencias (falta de credibilidad en las instituciones, corrupción, altos índices de delitos no denunciados, mala imagen internacional, entre otras).
Es por ello que, la información estadística se perfila entonces como el punto de partida para que las organizaciones encargadas de procurar justicia, administrarla, a la par de aquellas encargadas de prevenirla y consignarla, logren conformarse como entes efectivos en su ámbito de acción. Es en el uso racional de aquélla que podrán encontrarse las soluciones más convenientes, que impliquen un uso racional de los, de por sí limitados, recursos con que las organizaciones cuentan
En este orden, el presente trabajo, en conjunto con el Sistema de Información Delictiva realizado para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se concreta como una propuesta viable que puede ser tomada como punto de partida para la generación de un Sistema Nacional de Información sobre la delincuencia y la criminalidad en el ámbito de la procuración y la administración de justicia, que son dos de los aspectos en que la información producida y utilizada, carecen de mayores lagunas en cuanto a los datos generados y a las políticas, programas y normas implementadas.
Dicha problemática genera una ausencia de políticas coordinadas entre los distintos niveles del Sistema de Justicia, lo que a su vez implica altas tasas de impunidad en los delitos cometidos y denunciados, una mayor impunidad en aquellos delitos de que las autoridades no tienen conocimiento debido a la desconfianza ciudadana para denunciar, un alto índice de averiguaciones previas no resueltas, la falta de métodos de investigación precisos e integrados que ayuden a resolver de mejor manera los delitos, así como el virtual desamparo para quienes, una vez sometidos a proceso y sentenciados, llegan a pasar más tiempo en prisión del que la condena legal sugiere de acuerdo al hecho delictivo investigado.
Es por ello que, quizá, el título de este trabajo suena rimbombante y especulativo.
¿Que no existen múltiples instituciones que generan estadísticas de seguridad y orden público, o de procuración y administración de justicia, o instituciones que llevan cuenta de cuantos delitos se registran y donde, como, y cuando se cometen? Y que además de todo, las publican con cierta periodicidad.
Entonces el lector avispado dirá que tal vez este es un "material" más de lleno de cuadros, tablas y una gran cantidad de números, ¡estadísticas! que al fin y al cabo, muchas de las veces ni las comprendemos ni tenemos el tiempo suficiente de adentrarnos en las complejidades de la realidad que pretenden representar.
Si usted esta leyendo esto y piensa que el párrafo anterior es correcto; entonces esta lectura no es para usted. Le recomiendo dejarlo en el estante de la librería donde casualmente se topo con él, y discretamente busque algún otro material más ligero que le sea útil.
Si usted es un lector de los otros, de los que verdaderamente se preocupa por la situación en nuestro país, encontrará en este material los números crudos, las tragedias que los mexicanos estamos viviendo frente a la ineficiencia y la ineptitud de las autoridades, de las personas que “tristemente” elegimos como nuestros “gobernantes” y a los que les pedimos, alguna vez, que terminaran, o por lo menos, controlaran a los delincuentes que nos acosan y nos hacen ser, una sociedad secuestrada por la delincuencia.
Así pues, si usted llegó hasta este párrafo, probablemente este libro pueda adentrarlo en las complejidades que la procuración y la administración de justicia presentan. ¡Si!, si es un libro de números, pero además es un libro que intenta explicarnos esos números y tablas inacabables de forma amena y comprensible para la mayoría de los mortales. Para eso, se intentó presentar cada tabla con una explicación gráfica que nos permite adentrarnos en las complejidades de los números.
Es de destacar que esta investigación representa una innovación en el espacio hacia el cual se encuentra enfocado. Esta investigación parte del esfuerzo por construir un sistema de datos confiable, considerando a las estadísticas oficiales, que resulte capaz de funcionar como un instrumento útil y visible, así como mostrar la racionalidad, en el proceso que conlleva el diseño e implementación de políticas públicas, planes, programas y operativos en la cuestión de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia.
Así pues, este documento parte de la idea de que es necesaria la organización y concentración de la información generada por los distintos elementos que toman parte tanto en la procuración de justicia, como en el proceso judicial para conseguir una adecuada interpretación de la realidad actual en dichas cuestiones, las que hasta ahora han funcionado como un cuello de botella en el proceso de atención a los distintos delitos de que la sociedad mexicana ha sido víctima y que, por falta de una estructura organizacional adecuada, de un sistema informativo preciso y de capacitación exhaustiva para el personal, ha incentivado la impunidad, lo que a su vez fomenta la delincuencia en tanto aquél que comete un delito difícilmente puede ser atrapado si se considera que, estadísticamente, como se demuestra en esta investigación, es un porcentaje mínimo de personas culpables el que recibe sentencia.
Es importante señalar que cada tabla y cada gráfico representan un esfuerzo importante y que tal vez, sin considerar al Sistema de Información Delictiva, esta sea la primera ocasión en que se muestra, por su profundidad y cobertura, tanta cantidad de información reunida en un solo volumen.
El material se presenta en cuatro apartados, Los dos primeros tienen que ver con la Procuración de Justicia y los dos últimos con la administración de ésta. Así se tiene a los Posibles Hechos Delictivos Denunciados a las Averiguaciones Previas Iniciadas; a los Presuntos Delincuentes Registrados y a los Delincuentes Sentenciados.
Para cada rubro, primero se presenta la información estadística del fuero común y luego del fuero federal.
Respecto de los posibles hechos delictivos denunciados, estos se presentan en forma combinada para el fuero común y el federal e, inmediatamente, se desagregan para cada uno de los fueros. Asimismo, se procuró que por cada tabla de datos crudos, hubiese una gráfica donde se señalarán los aspectos más importantes de dicha estadística.
Posibles Hechos Delictivos Denunciados
Por lo general, en lo que toca a los Posibles Hechos Delictivos Denunciados y las Averiguaciones Previas Iniciadas, el alcance de la información aquí presentada, va desde 1997 al año 2002. Cada gráfica muestra a todas las entidades del país, donde puede verse cuáles se encuentran por encima o por debajo de la media nacional.
Además, para cada tabla se obtienen los índices por cada cien mil habitantes, lo que nos permite realizar una clasificación de entidades, según su estabilidad o inestabilidad en la denuncia de posibles hechos delictivos del fuero común y federal en promedio para los años 1997 a 2002.
Así, se van encontrando las entidades que ocupan las primeras posiciones en la denuncia de posibles hechos delictivos, por cada cien mil habitantes..
Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero Común
Al considerar a las Averiguaciones Previas Iniciadas, se consideran éstas para los fueros común y federal, en datos brutos. De esta tabla inicial se obtiene la relación existente (tabla 5) entre los posibles hechos delictivos denunciados y las averiguaciones previas iniciadas, éstas últimas para el fuero común. Los porcentajes en esta tabla nos permiten señalar algunas incoherencias en el manejo oficial de la información ya que, como es lógico, al menos debe existir un posible hecho delictivo denunciado por cada averiguación previa iniciada. Sin embargo encontramos en la tabla en cuestión que existen algunas entidades que presentan cierta manipulación en la información.
Inmediatamente se realiza el análisis de Averiguaciones Previas Iniciadas, API, por cada cien mil habitantes y se desarrolla un indicador (gráfica 6) que nos permite establecer si las Averiguaciones Previas Iniciadas son proporcionales, mas que proporcionales o menos que proporcionales a la población que cada entidad tiene.
El siguiente paso es desagregar a cada una de las API, según el delito por el que se iniciaron. Para ello se ocupa la clasificación que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública a saber: Delitos Sexuales, Homicidio, Lesiones, Patrimonial, Privación de la Libertad, Robo y Otros Delitos. Dicho Análisis se presenta tanto en datos brutos como en números índice, por cada cien mil habitantes.
El análisis se va realizando, año con año, desde 1997 a 2002, por entidad y para cada uno de los delitos indicados. Así se van mostrando los cambios que presentan las entidades y las posiciones, a la alza o a la baja, que cada una de éstas va tomando. En general, para este apartado, cada tabla, en datos brutos, se presenta acompañada de una gráfica, por cien mil habitantes, donde se realizan análisis básicos que nos señalan los principales cambios de ubicación que cada entidad va mostrando.
Una vez que se presentan, año con año, tablas y gráficas, se realiza un análisis (gráfica 13) que nos presenta un promedio de tasas de crecimiento de un año con respecto del año anterior, para todo el periodo en cuestión. Asimismo se exhibe, en la tabla 13, la Posición que ocupó cada entidad, de acuerdo con el número de API del Fuero Común por cada 100 mil habitantes, año con año.
En dicha tabla se muestran las posiciones 1 a 6, donde la primera posición resulta ser la que presenta mayor tasa de crecimiento de incidencia delictiva en promedio.
El análisis se continua con las APIFC, según delito que motiva el inicio de dicha averiguación, en donde se encuentra que los delitos patrimoniales y el de lesiones motivan el inicio de casi el 60% de las averiguaciones del país.
De las gráficas 15 a la 20, se presentan los delitos principales según su tendencia, clasificación y crecimiento promedio. Así se muestra, para cada delito, en global y por subclasificación, la tendencia a aumentar o disminuir. Lo mismo se realiza para cada categoría delictiva.
Se muestra también la tendencia (gráfica 21) del delito estadísticamente más significativo como lo es el de robo. Dicha tendencia se presenta por modalidad y tipo. También se realiza el análisis por estacionalidad y finalmente se revelan, en un mapa a las entidades, según la posición que guardan con respecto de la media nacional, en el delito de robo. La clasificación se realiza según el z-score o desviaciones estándar por encima o debajo de la media nacional.
Se realizan algunos análisis más precisos (Gráfica 23 a 25) en lo que toca a las API de robo a casa habitación por cada cien mil hogares registrados y de robo de vehículo por cada cien mil registrados; así como el robo con violencia por cada cien mil habitantes. Es con estas gráficas con las que se finaliza el análisis de las APIFC.
Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero Federal
Para las Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero Federal se intentó, hasta donde fue posible realizar cada uno de los análisis hasta aquí reseñados. Así la tabla 15 y la gráfica 26, nos señalan, en datos brutos, para los años 1995 a 2001 la entidad de inicio, donde se encuentra que sólo 6 entidades representan al 53.5% de las Averiguaciones Previas Iniciadas del Fuero Federal, APIFF y al 36.1 % de la población
El siguiente paso fue obtener la relación existente entre los posibles hechos delictivos denunciados y las averiguaciones previas iniciadas, del fuero federal. Nuevamente, como en el fuero común, los porcentajes en esta tabla nos permiten señalar algunas incoherencias en el manejo oficial de la información, ya que se encontró que, para todo el país, la relación es de 93 PHDD de cada 100 APIFF.
Para las APIFF, al igual que en las del fuero común, se presentan análisis del promedio de tasas de crecimiento de un año con respecto del año anterior, por cada 100 mil habitantes, lo que nos permite ubicar a cada entidad, por encima o por debajo del promedio nacional en el periodo en consideración; asimismo se obtiene una comparación entre las APIFF vs. la población de cada entidad. Ello nos permite conocer si las APIFF son proporcionales o no, a la población.
Con estas comparaciones, hasta aquí reseñadas se concluye el estudio de las estadísticas básicas de procuración de justicia.
En lo que respecta a las estadísticas básicas de administración de justicia, se tienen dos apartados: el de presuntos delincuentes registrados ante los juzgados de primera instancia del fuero común PDRFC, y federal, PDRFF y delincuentes sentenciados para el fuero común DSFC, y federal DSFF.
Presuntos Delincuentes Registrados ante los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Común
Inicialmente se presenta una tabla que concentra la información de los PDRFC para cada entidad cubriendo los años 1985 a 2001. y su correspondiente gráfica que presenta el promedio de la información anterior, ordenando a las entidades de acuerdo con dicho promedio; asimismo se muestra cuales están por encima o por debajo de la media nacional.
Se obtiene la relación, para los años 1997 a 2001, entre las APIFC y los PDRFC, donde se encuentra que por cada 100 APIFC sólo se registra a 10.7 presuntos delincuentes, lo que, de alguna forma nos proporciona el nivel de eficiencia que cada entidad tiene, respecto de la relación PDRFC y APIFC. Esta relación se resume en una gráfica de promedios de la relación anterior.
Asimismo se realiza el análisis por cada 100 mil habitantes y su comparación entre APIFC, PDRFC y la población de cada entidad. Inmediatamente se obtienen a los delitos principales, encontrando que en 10 delitos, se concentra casi el 80% de los PDRFC, de los cuales, los de robo y lesiones acumulan más del 53%.
De ahí en adelante se realiza el análisis, para los años 1985 a 2001, de cada uno de estos 10 delitos, intentando mostrar la eficiencia que respecto de cada delito, se tiene. Es decir, se va encontrando la relación PDRFC/APIFC para cada delito y se muestra la eficiencia que cada entidad tiene, indicando además si dicha eficiencia se encuentra por encima o por debajo de la media nacional. En este análisis, se muestra también el comportamiento que los PDRFC han tenido respecto de cada delito en comento.
En particular, merece destacarse la información sobre el delito de Privación de la libertad, donde puede verse que su tendencia es, oficialmente a disminuir, aunque no debe olvidarse que tradicionalmente este delito ha sido subregistrado ya que la mayoría de las veces no se denuncia.
Presuntos Delincuentes Registrados ante los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Federal
Este análisis se inicia con una tabla que resume la información de los años 1985 a 1991, por cada entidad de la república, presentando su gráfica correspondiente con promedios realizados sobre los datos brutos. Las entidades se ordenan en orden descendente mostrando, además cuales entidades están por encima o por debajo de la media nacional.
Se obtiene luego, la relación que existe entre las APIFF y los PDRFF, considerando esta relación como una forma de medir la eficiencia, la cual se encuentra es casi 4 veces más alta de la que presenta el fuero común. Obteniendo los promedios de eficiencia para cada entidad y mostrando estos en una gráfica, señalando además a las entidades que se encuentran por encima o por debajo de la media nacional.
El análisis se lleva hasta obtener la relación de PDRFF por cada cien mil habitantes y luego se comparan a las APIFF con los PDRFF y con la población de cada entidad. Esto nos permite conocer si existe proporcionalidad en estos indicadores.
Al igual que con el fuero común, se obtienen los principales delitos por los que se registra a los PDRFF, encontrando que en sólo dos delitos, contra la ley general de salud y contra la ley federal de armas de fuego, se concentra casi el 70% de éstos.
El siguiente paso es la generación de tablas resumen por cada uno de los delitos principales con su correspondiente análisis gráfico, en donde se muestra, en algunos casos, la relación que existe entre los PDRFF y las APIFF del correspondiente delito, encontrando los niveles de eficiencia para cada uno de éstos.
Delincuentes Sentenciados del Fuero Común
Se inicia presentando una tabla resumen de los DSFC para los años 1985 a 2001, por entidad de la república con su correspondiente gráfica con el promedio de dichos años, mostrando a cada entidad por orden de importancia y señalando cuáles se encuentran por encima o por debajo de la media nacional.
Se obtiene además, el porcentaje de DSFC con respecto de los PDRFC, encontrando que la eficiencia terminal a nivel nacional es del 74.4%, lo que implica que de cada 100 PDRFC, se sentencia a 75.
Se muestra además la relación existente entre las APIFC, los PDRFC y los DSFC, encontrando la eficiencia terminal entre la procuración y la administración de justicia.
Inmediatamente se obtienen los principales delitos por los que se sentencia a los PDRFC y se hace el respectivo comparativo entre los DSFC vs los PDRFC, para esos delitos, encontrando la eficiencia para cada uno de ellos.
Delincuentes Sentenciados del Fuero Federal
Esta parte es la última que se contempla en el análisis. Y se realiza en forma similar a la inmediata anterior, por lo que no tiene sentido repetirse.
A partir de aquí.
El Sistema de Procuración y Administración de Justicia mexicano, se ha caracterizado históricamente, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, por adolecer de una serie de dificultades estructurales y orgánicas que se han convertido en verdaderos problemas de seguridad nacional. Sin embargo, los esfuerzos para concretar un Sistema de Justicia eficiente y justo son observables en la gran cantidad de reformas legales que se han hecho a lo largo de los años, desde la época del corporativismo priísta y, actualmente, con la "gran reforma" propuesta por el gobierno de Vicente Fox. Pero hasta ahora tenemos un problema de inseguridad que ha ido en aumento de los ochenta a la fecha y que se ve agravado por las crisis económicas, el cambio de modelo económico y la explosividad con que la delincuencia organizada ha crecido.
A este punto, cabría preguntarse si la simple reforma legal es el instrumento que logrará retornar el control del orden y la paz públicos a las autoridades, porque si bien, la ley es el mecanismo por excelencia dentro de un gobierno democrático a través del cual se plasman los esfuerzos gubernamentales por concretar un sistema de justicia pronto y expedito, no es el único instrumento de que las instituciones gozan para afrontar la realidad social. También existe el capital humano, los recursos económicos con que las instituciones cuentan según los dineros disponibles de acuerdo al pago de impuestos por parte de la población, la estructura orgánica de la institución y, por último, pero no por ello menos importante, la información.
Cabe destacar que la investigación no se queda sólo en el ámbito de la recolección de datos, sino que también presenta un análisis serio de la situación actual, a nivel nacional, del Sistema de Procuración y Administración de Justicia. Se atiene a la objetividad que los datos presentan y no se permite elaborar juicio alguno acerca del desempeño de las instituciones que tienen por objetivo lo que este documento presenta. Los datos son la muestra más clara de dicho desempeño, para ello se presenta al lector la posibilidad de elaborar sus propias opiniones y conclusiones de lo que hasta hoy ha sido la procuración y la administración de justicia en México. Se muestran una serie de variables, con las cuales se va jugando y tejiendo la situación actual de los servicios que la investigación tiene por objeto, demostrando estadísticamente las carencias y los aciertos que el sistema en todo el país tiene en la materia.
El presente documento se esboza como una propuesta hacia las autoridades que tienen por encargo garantizar una justicia pronta y expedita. Aparece como un instrumento altamente analítico que no pretende dar respuestas ni elaborar conclusiones que a sólo al lector corresponden, sino que presenta la realidad ciega de los números, basado en la información presentada por las propias fuentes y permite alcanzar una opinión objetiva sobre las circunstancias en que, históricamente, el Sistema de Procuración de Justicia se ha visto inmerso, sobre las fallas y aciertos, así como sobre aquellos delitos que más frecuencia tienen, los estados con mayor incidencia delictiva y comparativos entre la eficiencia en los fueros federal y local.
Esta investigación, en conjunto con el Sistema de Información Delictiva, se expresan como una herramienta completa y única en su tipo hasta la fecha en México que pretende ser una respuesta al grave problema de la información que las instituciones de seguridad pública tienen actualmente y que se sucede como una de las fuentes principales del desperdicio irracional de recursos tanto humanos como económicos en el combate a la delincuencia, de la ausencia de políticas, planes y programas realmente capaces de incidir en la contención y luego reducción de las tasas de criminalidad a las que la ciudadanía mexicana se ha visto expuesta con cada vez mayor frecuencia, y no solo, lo cual es más preocupante, violencia.
En suma, en una sociedad donde lo que predomina es la información y ésta se considera ya como el instrumento esencial de poder para lograr el cambio, es necesario que las organizaciones hagan un uso racional de ella para conseguir con mejor certeza sus objetivos.
Para lo que se refiere a la procuración, la administración de justicia y el sistema de seguridad pública en general, es necesario construir los mecanismos legales, tecnológico y de capacitación necesarios para lograr un sistema de información confiable y adaptado a las necesidades de cada organización sin perder de vista la interacción y la coordinación necesarias para actuar en pro del establecimiento de un estado de derecho que en verdad sea justo y equilibrado.
Si se quiere evitar el crecimiento de la descomposición social y de la violencia, todas las organizaciones gubernamentales, no sólo las encargadas de la seguridad pública y la procuración y administración de justicia, deben someterse a un riguroso auto análisis donde su principal capital consiste en el personal que las integra y en la información que sean capaces de procesar para definir con mayor certeza los caminos a seguir en la recuperación de la estabilidad y la paz sociales y este documento es sólo un ejemplo de lo que toda organización gubernamental debe hacer para lograr una mejora en la calidad de sus servicios, partiendo del contexto y el entorno en que se encuentran inmersas y que tienen por obligación transformar en beneficio de la sociedad que las mantiene.
Por último, es esencial decir que si se tiene la mejor información, podrán elaborarse mejores leyes, mejores programas y podrá conseguirse la calidad necesaria para los servicios que las organizaciones gubernamentales ofrecen y, en el mediano plazo, podrán darse pasos importantes en la confianza que las organizaciones requieren de la población en pro de garantizar su existencia misma dentro del aparato burocrático.
Arturo Arango Durán, Cristina Lara Medina
Enero 2005.